La entidad Cocarmi denuncia que la Generalitat condena a este colectivo “a la exclusión social”, ya que las ayudas a la inserción laboral han pasado de 5 millones a 2,3 en dos años A su vez, la partida “gabinete del consejero y secretaría general” del departamento de Empresa y Empleo ha pasado de 113,6 millones en 2014 a 198,8 este año El presidente del Cocarmi, Antonio Guillén (en silla de ruedas), en un acto reivindicativo.   Los presupuestos de la Generalitat para el año 2015 han deparado una desagradable noticia a las entidades sociales que se dedican al fomento de la integración de las personas con discapacidad o enfermedades mentales en el mercado laboral ordinario. Las ayudas del departamento de Empresa y Empleo previstos por este concepto en la convocatoria de 2015-16 caen a 2,3 millones de euros, menos de la mitad que hace sólo dos años (4,95 millones). Estas entidades, encabezadas por Cocarmi, están indignadas y escandalizadas ante este nuevo recorte salvaje sobre un colectivo especialmente vulnerable. Lo más sorprendente de todo, sin embargo, es que en conjunto el presupuesto del departamento que dirige Felip Puig crece este año un 24,5%. Es más, la partida “gabinete del consejero y secretaría general” lo hace un 75%, al pasar de 113,6 a 198,8 millones de euros. En otras palabras, Felip Puig ha conseguido encontrar 85 millones de euros más, en relación al año pasado, para su círculo de colaboradores más estrecho, pero en cambio es incapaz de encontrar los dos millones y medio de euros que permitirían no ya aumentar sino únicamente mantener las ayudas a la integración laboral de las personas con discapacidad que se otorgaron el año 2013, cuando los presupuestos ya eran de crisis económica. Si se toman ejercicios anteriores la comparativa es aún más dantesca. Los años 2010 y 2011 las ayudas por estos conceptos fueron de 11 millones de euros en cada ejercicio. En una nota hecha pública ayer, el Cocarmi (comité que reúne en Cataluña a las diferentes federaciones de discapacitados, equivalente al Cermi en España) denuncia la “falta de compromiso de la Generalitat de Catalunya para la inserción laboral de las personas con discapacidad y / o trastorno mental y por su integración social”. Según explica el Cocarmi en su comunicado, el recorte ya se empezó a anunciar en noviembre, cuando Empresa y Empleo unificó los dos programas (POIN y TAS) a través de los que la Generalitat venía apoyando la integración laboral de las personas con discapacidad. A partir de entonces este programa se llama SIOAS (Servicios Integrales de Orientación, Acompañamiento y Apoyo a la inserción de las personas con discapacidad y/o enfermedad mental), y ya con esa unificación en vez de sumar las partidas se perdieron alrededor de 900.000 euros en ayudas. Además, con efectos retroactivos, ya que la noticia llegó a finales de año, cuando muchas entidades habían desarrollado las actividades de 2014 con la promesa verbal del departamento de que la fusión no implicaría ninguna reducción. Con la presentación, hace unos días, de los presupuestos de 2015 por parte del departamento de Felip Puig la sorpresa ha sido aún más mayúscula, ya que de los 4,5 millones de euros fijados en noviembre para la convocatoria 2014-15 se ha pasado a 2,3 para la de 2015-16. El Cocarmi estima que este recorte implicará que las entidades sociales deberán reducir a la mitad los técnicos que se dedican a inserción laboral, o sea que en conjunto se pasará de unos 200 a un centenar, y que los usuarios atendidos también pasarán de unos 3.000 a un millar, aproximadamente. Muchos de ellos pueden, por tanto, perder el trabajo por el hecho de no contar con los apoyos de orientación necesarios. Según el INE, la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad es del 63,6% (datos de 2012). "Dar la espalda al colectivo, que es especialmente vulnerable –señala el Cocarmi a su comunicado–, y reducir las inversiones y los programas que facilitan su integración laboral no hace sino condenarnos a la exclusión social y la estigmatización, a la vez que va en contra de los principios de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, basada en la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que reconoce el acceso al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades. Hay que tener en cuenta que la exclusión del mercado laboral de nuestro colectivo es muy superior a la del resto de la población (agravada en el caso de las personas con discapacidad intelectual o con trastorno mental), y, por tanto, hay que aplicar medidas concretas que respondan a la diversidad de colectivo y a nuestras necesidades de apoyo”. En otra nota hecha pública hoy, Dincat (Discapacidad Intelectual de Cataluña), Actas, Down Catalunya y Ammfeina Salut Mental Catalunya denuncian con igual contundencia el tijeretazo. “Esta reducción de recursos lleva a la desaparición de los servicios de inserción de las personas con discapacidad. Reclamamos al Govern que piense en los costes que conlleva este recorte porque, sin apoyos especializados, este colectivo pierde la única oportunidad que tiene de integrarse en el mercado de trabajo ordinario. Lo que debería ser una apuesta de un país avanzado se está perdiendo por falta de voluntad política”, afirma Rosa Cadenas, presidenta de Dincat. Víctor Saura